Por Sebastián Vallejo

Lo que Alianza País logró en el 2007 fue capitalizar del ethos revolucionario que se construyó alrededor de ese momento histórico que permitió el nacimiento de la Revolución Ciudadana. El ethos revolucionario implicó la idea, no solo de un nuevo modelo de país, sino también la idea de un nuevo modelo de hacer política. Es decir, cuando queríamos que “se vayan todos”, implicaba, de alguna manera, que con “ellos” también se vayan las prácticas de gobernar. Nueve años después, ese proyecto de la “Revolución Ciudadana”, que nació desde las bases, que se construyó, en parte, desde los movimientos sociales, ha demostrado que la falta mucho para ser tanto “revolucionario” como “ciudadano”.

Lo que si ha logrado[1] es perpetuar el ethos revolucionario como la piedra divisoria entre lo “pasado” y “el futuro”, donde los políticos de “hoy” no son políticos (o, por lo menos, no son los políticos de “ayer”). Como son la “nueva política”, también sus prácticas son nuevas, donde la labor de servir desde el poder no conlleva más que un sentir cívico, un servicio que comienza y termina con los “mandantes”, la parte ciudadana de la Revolución Ciudadana. Si la parte de revolucionaria implicaba revolucionar las relaciones de poder y la estructura social y económica, la parte ciudadana implicaba darle un rol protagónico al ciudadano, tanto en la generación de política pública, como en la generación de política, desde sus diferentes manifestaciones, tanto comunitarias como nacionales, tanto de apoyo como de crítica.

El proyecto de país que se reveló desde el gobierno fue un modelo desarrollista, donde se buscó recuperar al estado del ostracismo, pero que ha tenido mucha dificultad en trascender su éxito en infraestructura y regenerar una, todavía joven, institucionalidad. Entonces, si el modelo no es revolucionario, tampoco puede ser el ethos que se busca transmitir desde el gobierno. Es decir, si ha cambiado la élite política, ha sido más en nombres que en estilo. La perpetuación de este ethos como símbolo del partido, y como valor propagandístico, es la razón por la cual le ha costado tanto al propio gobierno establecer un debate necesario a su interna, uno que reconozca a sus miembros como lo que son: políticos.

Los políticos buscan, ante todo, perpetuarse en el poder. O, en términos más democráticos, en ser (re)electo. Sin exagerar el cinismo (porque los políticos también buscan servir, buscan avanzar una idea de bienestar desde su curul, y cualquier otra descripción que queramos agregar al político de nuestra preferencia), racionalmente, no habría que esperar nada más de un político. Al final, perpetuarse en el poder, reelegirse, también supone la mejor oportunidad para construir el modelo de país que promueven cuando están en campaña. Si la búsqueda del poder es lo que guía para entender el comportamiento de los políticos, entonces discernir y evaluar el comportamiento de nuestros políticos debe venir desde lo que demuestran estos políticos como sus preferencias el momento de gestionar el poder que les fue asignado.

En cierto punto, nos olvidamos de tratar a los políticos como lo que son, políticos. Es un apreciación que sirve tanto para los que critican al gobierno como los que critican a la oposición. Porque el “otro” solo puede ser irreconciliablemente malo y los “propios” solo pueden ser “la solución”. Es decir, si la revolución no ha revolucionado la estructura de poder, entonces los políticos siguen siendo políticos, representantes de los intereses y las preferencias que les permitan perpetuarse en el poder. Y aquellos que quieren suplantarlos comparten la misma motivación, aunque choquen en lo que están dispuestos a dar a cambio, su modelo de país, lo que llaman “desmontar el correísmo”.

Si todos los políticos funcionan bajo la misma motivación, entonces, el ciudadano deja de ser una dicotomía correista-anticorresita, sino un sujeto ideológico (que determina su preferencia partidaria), con sus propia necesidades (que determina su preferencia política al momento de votar), y también un sujeto veedor de un proceso, donde los fines o los objetivos como sociedad, la idea de un proyecto país, no significa la inhabilidad de dudar constantemente de los políticos por los cuales votamos, y de entender sus preferencias en función de su motivación para perpetuarse dentro de la política. Siendo así, lo que debemos preguntarnos es cómo el proyecto político de AP avanza la pretensiones políticas de sus representes. Hay que preguntarse qué significó este desarrollo en términos de poder y apoyo electoral, y si este poder y apoyo electoral han permitido la construcción de un gobierno dispuesto a crear los canales de representación que buscamos, si ha creado las condiciones que buscamos como ciudadanos, tanto como sujetos económicos, así como sujetos sociales y políticos. Y, más que nada, qué ha significado este proyecto político de AP en términos de transparencia, una transparencia que permita discernir los grandes ganadores del boom económicos previo a la actual crisis, porque ahí encontraremos la preferencia política al momento de gobernar.

Las respuestas nos permitirán entender la formación de nichos de poder y la corrupción que puede emanar de estos. Es decir, entender las preferencias de política pública y las preferencias al momento de ejecutar esta política pública. Cada obra inaugurada, cada proyecto iniciado, debe ser entendido en función de esa preferencia por ser reelectos. Para ser reelectos se necesita tanto los votos (que son, en primera instancia, la manifestación de las preferencias de los ciudadanos), como de un grupo político y económico que auspicie y favorezca las condiciones del poder (y vean un beneficio en perpetuar la actual distribución del poder, o cambiarla).

Si la “oposición”, en este punto un conglomerado heterogéneo que no necesariamente comulgan entre sí, logra desmitificar el “falso” ethos revolucionario, entonces deberán mostrar que la preferencias alternativas (y la creación de nuevos nichos de poder), están mejor alineadas con los votantes. A lo mejor a esto, se refieren con “desmantelar el correísmo”, cambiar las relaciones políticas y económicas que se crearon en estos últimos nueve años. Pero eso sería darle un crédito desmerecido a la oposición. Al final del día, los Lasso, Viteri, Bucaram o Carrasco, son, también, políticos. Y, usando el mismo rasero, antes que “desmantelar el correísmo” como proyecto político, como proyecto de país, para avanzar un nuevo modelo de país, lo que quieren es hacerse de ese poder. Ellos tampoco buscan cambiar de estilo, solo de nombres. Y en ese cambio, habrá que preguntarse cuáles serán sus preferencias al momento de gobernar. Es decir, evaluar cómo todo aquello que nos preguntamos sobre el actual gobierno será contestado una vez que estos sean electos.

Por su parte, AP está comenzando a mostrar que incluso a la interna es difícil ser político y comportarse como un revolucionario. O, siendo más cínicos, ser político y aparentar ser revolucionario. Están comenzando a crearse bandos que estaban escondidos cuando Rafael Correa era la solución a cualquier problema de liderazgo. Resolver esta contradicción será la primera prueba para al gobierno; revelarla, el trabajo de la oposición. En la ciudadanía, está medir a ambos con el mismo rasero.

[1] Este análisis no pretende desmerecer los avances que se han logrado en los últimos nueve años, tanto en lo social como en lo económico. Tampoco es una crítica directa a los beneficios (y las limitaciones) del modelo de desarrollo que se ha planteado desde AP. Sin embargo, la propaganda de estos avances ya está saturada desde el oficialismo y sus afines, propaganda que muchas veces olvida que la labor del gobernante no es un favor, sino una obligación.

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